El Parlamento Europeo ha aprobado el Reglamento de Retorno, que permite deportar a migrantes a centros de internamiento en terceros países.Este régimen, combinado con el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, establece un sistema de control social y represión contra la población migrante.

Los internados pueden permanecer encerrados durante largos períodos sin garantías de retorno, mientras que la policía podrá registrar viviendas y confiscar dispositivos electrónicos para facilitar deportaciones.Las prohibiciones de entrada se endurecen, con penas de hasta 10 años o prohibición de por vida.

La legislación también elimina la protección automática contra deportaciones durante recursos legales, permitiendo que los tribunales decidan caso por caso.Los centros en terceros países generarán un negocio multimillonario, con países como Alemania, Italia o Grecia interesados en alojar a deportados.

La medida refleja una política migratoria cada vez más restrictiva, comparada con el sistema de Estados Unidos, y plantea graves preocupaciones sobre derechos humanos y el uso de campos de concentración como modelo.Estrella Galán Pérez denuncia la falta de mecanismos de supervisión para evitar abusos en estos centros.