Las empresas forestales que prestan servicios de extinción de incendios en Castilla y León, agrupadas en la Asociación de Empresas Forestales de España (Asemfo), han decidido dejar de participar en las labores de extinción de incendios forestales.

La medida afecta a unos 950 bomberos forestales y se produce tras lo que la organización considera una situación de inseguridad jurídica, laboral y operativa que se ha prolongado durante más de un año.

Según Asemfo, las compañías se encuentran atrapadas entre las exigencias de la Junta de Castilla y León para actuar en emergencias y los criterios de la Inspección de Trabajo, que considera estas actuaciones como trabajo ordinario y sanciona aspectos relacionados con jornadas laborales, tiempos de trabajo y exposición a riesgos.

La asociación sostiene que ha solicitado reiteradamente soluciones a la Administración autonómica desde marzo de 2025 sin obtener una respuesta satisfactoria.

Además, critica el proceso de sustitución progresiva de operadores privados por la empresa pública Tragsa, al considerar que puede perjudicar los derechos laborales de los trabajadores.

Por su parte, la Junta de Castilla y León reconoce que los cambios normativos introducidos a nivel estatal en 2024 han contribuido al problema, pero recuerda que los contratos vigentes deben cumplirse.El Gobierno autonómico asegura que colaborará con las empresas para facilitar el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral.No obstante, no ha detallado qué medidas adoptaría ante un gran incendio que requiera la intervención de estos profesionales.

La Administración mantiene además su plan de avanzar hacia un modelo de gestión pública del operativo de prevención y extinción de incendios durante los próximos años.