El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, promulgó una ley que protege a policías y militares al establecer que solo puedan ser investigados en el fuero militar policial, no en la justicia ordinaria.

Esta norma fue promulgada tras el incumplimiento del presidente del Consejo de Ministros, José Balcázar, quien no observó ni aprobó la norma dentro del plazo constitucional.

La ley define delitos de función para agentes del Estado, permitiendo que actos ilícitos durante operaciones militares o de seguridad no sean juzgados en tribunales civiles.

La medida ha sido criticada como inconstitucional por su similitud con la dictadura fujimorista de los años 90, al permitir impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos.

La promulgación ocurre en un contexto de cuestionamientos a la PNP por casos de abuso policial, como la muerte de un niño durante una intervención en Huacho.La norma ordena priorizar la jurisdicción militar policial en casos penales, generando debates sobre la independencia de la justicia en Perú.