La iniciativa busca homologar criterios nacionales para investigar y castigar el feminicidio, evitando que muertes violentas de mujeres sean clasificadas como homicidios o suicidios.

La reforma establece que toda muerte violenta de una mujer se investigará como feminicidio con perspectiva de género, además de fijar penas de 50 a 70 años y 19 agravantes para casos de víctimas vulnerables como niñas, embarazadas o personas con discapacidad.

El proyecto fue turnado a las comisiones del Senado para su análisis y dictaminación, previo a su trámite legislativo en el próximo periodo ordinario.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, destacó la importancia de proteger a mujeres en situaciones de mayor riesgo, al tiempo que se busca eliminar criterios de oportunidad para las penas.Esta propuesta refleja un esfuerzo por fortalecer el combate contra la violencia de género en México.