En el marco del invierno 2026, el Gobierno de Javier Milei enfrenta un desafío en el sector energético.Aunque el vocero presidencial Adrián Ravier defendió inicialmente la liberalización de precios en tarifas, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, optó por extender subsidios para amortiguar el impacto en los hogares durante los meses de mayor consumo.Al mismo tiempo, la empresa estatal Enarsa acumula una deuda significativa con las principales productoras de gas como YPF, PAE, Tecpetrol y Vista.Según el artículo, la deuda actual ronda los USD 180 millones y podría duplicarse si no se aprueban pagos antes del 4 de julio.

Esta situación surge por pagos parciales de facturas desde enero, generando atrasos que comprometen las inversiones del sector en un momento clave para obras de infraestructura como gasoductos.

Pese al discurso liberal, el Ejecutivo aplica medidas pragmáticas: subsidios focalizados que en el primer cuatrimestre aumentaron más del 100% interanual y demoras en pagos para mantener el superávit fiscal.La recaudación de junio cayó un 7,1% real, lo que tensiona las cuentas públicas.Fuentes del sector advierten que esta dinámica afecta la confianza y el flujo de inversiones necesarias para potenciar exportaciones.El Gobierno planea cancelar parte de la deuda en julio, pero no garantiza regularidad futura.

Esta estrategia combina intervención estatal con el objetivo de controlar la inflación y proteger a los sectores vulnerables, mostrando un pragmatismo regulatorio en materia energética más allá de las definiciones ideológicas.