El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado la cesión de un área de suelo a una cooperativa para la construcción de viviendas protegidas, con el objetivo de garantizar que estos inmuebles se mantengan alquileres asequibles durante 15 años.

La decisión establece un proceso comercial cerrado que exige que los adjudicatarios cumplan con requisitos específicos, como limitar las rentas de los inquilinos y asegurar que los pisos no se conviertan en propiedad privada.

El Consistorio ha detallado que el control se realiza mediante auditorías externas anuales y revisiones periódicas de los contratos vigentes, aunque no se supervisan directamente a los solicitantes sino a los inquilinos definitivos.

Esta medida forma parte del esfuerzo municipal por incrementar la oferta de vivienda social en una ciudad donde el acceso a precios accesibles sigue siendo un desafío.

La iniciativa refleja la necesidad de equilibrar la demanda residencial con políticas públicas que eviten el uso especulativo del suelo urbano, asegurando que las viviendas protegidas cumplan su función social en el tejido urbano madrileño.