El magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro ha participado en unas jornadas del Colegio de Economistas de Alicante para analizar los problemas relacionados con la ocupación de viviendas y los impagos en los alquileres.

Magro advierte que la Ley de Vivienda de 2023, si bien protege a familias vulnerables, ha generado desconfianza entre los propietarios por los largos plazos judiciales necesarios para recuperar sus inmuebles.

Entre sus recomendaciones, el magistrado destaca la importancia de que las viviendas no se consideren vacías, ya que una morada amueblada y con suministros activos permite que un juez pueda ordenar la expulsión inmediata en 24 a 72 horas.

También alerta sobre la llamada 'inquiokupación', cuando personas firman un contrato de arrendamiento con la intención de no pagar, calificándolo como un delito de estafa que puede ser prevenido mediante cláusulas específicas en los contratos.

Además, sugiere el uso de seguros de impago, cláusulas de cesión de datos y sistemas de alarma para disuadir a ocupantes ilegales y facilitar la actuación policial en caso de flagrancia.

Magro subraya la necesidad de adaptarse a la actual legislación mediante contratos defensivos que permitan proteger los bienes de los propietarios frente a impagos y ocupaciones, resaltando la importancia de la prevención legal y tecnológica.