El gobierno mexicano anunció una reducción del 48% en el número de homicidios en comparación con el año anterior, atribuyendo este descenso a las políticas de seguridad implementadas durante su administración.

Sin embargo, expertos y organismos independientes han cuestionado la metodología utilizada para medir estos datos, señalando posibles irregularidades en la recolección y análisis de la información.

La Secretaría de Seguridad Pública destacó que el descenso se debe a la mejora en la coordinación entre las fuerzas policiales y la reducción de operaciones ilegales, aunque no se proporcionaron cifras detalladas de las zonas más afectadas.

En tanto, organizaciones de derechos humanos advierten sobre la necesidad de transparencia en los datos para evitar una percepción falsa de seguridad.

La reducción se calcula basándose en un promedio nacional, pero expertos destacan que ciertos estados como Guerrero y Michoacán aún enfrentan altos índices de violencia.

Este anuncio ha generado debate en la sociedad civil, con críticas sobre la falta de claridad en los métodos de medición y la necesidad de un enfoque más integral para abordar la violencia en el país.