Un informe revela que en Perú, tres regiones (Apurímac, La Libertad y Áncash) tienen más del 50% de su territorio concesionado para minería, alcanzando 22,67 millones de hectáreas.Aunque la actividad minera efectiva ocupa solo 2 millones de hectáreas, el crecimiento de concesiones ociosas genera preocupación.

El Observatorio de Conflictos Mineros advierte sobre la presión en comunidades y recursos como el agua, especialmente con el nuevo gobierno que planea acelerar proyectos.

La expansión minera en regiones amazónicas como Loreto y Ucayali también llama la atención, mientras que expertos cuestionan la formalización de minería informal.El debate gira en torno a la gestión de impactos sociales y ambientales, no solo la regulación.Este escenario plantea desafíos en Cajamarca, donde confluyen minería legal, ilegal y proyectos en proceso judicial.La tensión persiste ante la necesidad de equilibrar inversión y sostenibilidad.