La Misión Internacional de Observación (MIO) sobre la elección de altas autoridades del sistema de justicia ecuatoriano expone críticas al concurso para seleccionar al nuevo fiscal general.

Jaime Arellano, secretario de la MIO, señaló que el proceso presenta fallas desde su reglamentación y advierte que mantener un fiscal encargado debilita la legitimidad institucional.

El observador internacional destacó la falta de transparencia, el incumplimiento de plazos y la ausencia de un diseño adecuado para la selección del candidato.La MIO propone retrotraer el proceso hasta la emisión de un reglamento con mejores estándares o sanear las irregularidades existentes.

Además, se cuestiona si el retraso en el concurso beneficia a intereses políticos, ya que el fiscal encargado permanece indefinidamente sin un plazo establecido.

La ciudadanía podría rechazar la reelección de los actuales miembros del Consejo Público de Selección de Carreras (CPCCS) si considera que no han cumplido adecuadamente su labor.El proceso, marcado por demoras y falta de claridad, ha generado desconfianza en la institucionalidad judicial del país.