La Corte Suprema de Chile condenó a la Municipalidad de La Pintana a pagar más de $16,8 millones a una extrabajadora que fue contratada a honorarios entre 2014 y 2022.

El tribunal determinó que, a pesar de la modalidad de contratación, existía una relación laboral formal por la extensión del vínculo, el horario fijo, la supervisión de jefatura y las tareas de coordinación y asesoría realizadas.La sentencia ordena el pago de indemnizaciones, cotizaciones previsionales, de salud y seguro de cesantía adeudadas.

La trabajadora, Rocío Provoste, había llevado su caso a instancias inferiores que rechazaron su demanda, pero la Corte Suprema discrepó al comparar el caso con cinco fallos anteriores, concluyendo que los servicios prestados se ajustaban a un vínculo laboral y no a una prestación de servicios.El fallo establece que el municipio debe pagar tanto el porcentaje como empleador como las deducciones correspondientes al seguro de cesantía.