El Parlamento nicaragüense confirmó que se celebrarán elecciones bajo un nuevo marco constitucional que excluiría a quienes sean considerados 'traidores a la patria' o financiados por potencias extranjeras.

El titular de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, explicó que las reformas buscan evitar la influencia imperialista y garantizar la autonomía electoral.Esta decisión generó críticas de países vecinos como Costa Rica, Panamá y Guatemala, así como del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien llamó a la comunidad internacional a presionar contra la 'dictadura' de Ortega y Murillo.

El presidente Daniel Ortega, en un mitin, afirmó que las elecciones no serán 'instrumentos para capturar el poder', una declaración que fue interpretada como una amenaza contra la oposición.El gobierno ha despojado de nacionalidad a 452 nicaragüenses acusados de traición, incluyendo figuras como Sergio Ramírez y Rolando Álvarez.

Las reformas se espera que se aprueben en agosto, pero su implementación enfrenta fuertes críticas por suprimir la libertad electoral y perpetuar la concentración del poder.

Este contexto refleja la tensa situación política en Nicaragua, donde Ortega ha gobernado desde 2007 bajo acusaciones de fraude electoral y persecución política.