La legislación española ha entrado en vigor una medida que busca reducir la precariedad laboral al obligar a las empresas a convertir en contratos indefinidos a trabajadores que hayan acumulado más de 18 meses de contratos temporales en un periodo de dos años.

Esta norma, recogida en el artículo 15 del Estatuto de Trabajadores, afecta tanto a los empleados como a los puestos de trabajo, cerrando una vía comúnmente utilizada por las empresas para rotar personal.

Los trabajadores que cumplan este requisito pasarán automáticamente a ser indefinidos, aunque se mantienen excepciones como el contrato de sustitución para cubrir vacantes o jornadas reducidas.

La medida busca limitar la dependencia de contratos temporales y fomentar la estabilidad laboral, aunque exige mayor planificación en las plantillas empresariales.Esta norma forma parte de un esfuerzo más amplio por combatir la temporalidad estructural en sectores con alta rotación, como servicios o logística.