El gobierno español ha aprobado una reforma integral de la ley de dependencia y discapacidad que incluye importantes cambios en la financiación, las ayudas disponibles y los derechos garantizados.

La medida prevé aumentar la inversión en ambas materias más del doble, garantizando que la Administración General del Estado (AGE) aporte el 50% de la financiación, complementada por las comunidades autónomas.

Se amplían las ayudas compatibles, permitiendo a las personas recibir múltiples prestaciones simultáneamente, como asistencia en el hogar, centros de día o teleasistencia.Se introduce el concepto de 'amigo cuidador', permitiendo que personas no familiares ofrezcan asistencia en actividades diarias.Además, se universaliza el derecho a la teleasistencia y se eliminan las sujeciones farmacológicas.La reforma también incluye medidas para garantizar accesibilidad universal en edificios y simplificar procesos de reconocimiento de discapacidad.

Esta medida busca mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad y dependencia, reduciendo la institucionalización y facilitando su autonomía.El Ejecutivo destaca que los 6.

200 millones de euros adicionales permitirán transferir una cantidad récord a las comunidades autónomas, aunque se plantean dudas sobre su implementación efectiva.