Una reciente orden ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos, enfocada en reforzar los controles del sistema financiero utilizado por migrantes, ha generado preocupación sobre el futuro de las remesas hacia países como Guatemala.

Aunque la medida no impone un impuesto directo a las remesas, analistas señalan que podría afectar indirectamente su flujo al endurecer los requisitos bancarios para personas con estatus migratorio irregular o documentación inconsistente.

La disposición exige a los bancos bajo supervisión federal revisar con mayor detalle a clientes que utilicen el ITIN o tengan documentación migratoria vencida, lo que podría llevar a que muchas entidades financieras exijan un número de seguro social (SSN) para abrir o mantener cuentas.

Esto afectaría a millones de migrantes, estimados en hasta 20 millones en Estados Unidos, y en el caso de Guatemala, a una población donde cerca del 70% de los migrantes ya utiliza servicios bancarios para enviar dinero.

Expertos advierten que esta medida podría excluir a muchos del sistema financiero formal, empujándolos hacia el uso de remesadoras no bancarias, más costosas y menos eficientes.

En el corto plazo incluso podría registrarse un aumento temporal en los envíos por temor a futuras restricciones, pero posteriormente se prevé una desaceleración en el crecimiento de las remesas y un incremento en los costos de envío.

En Guatemala, donde las remesas representan aproximadamente el 20% del PIB, cualquier encarecimiento o retraso en los envíos tiene un impacto directo en el consumo de millones de hogares.

Los bancos locales también podrían ajustar sus operaciones, reduciendo vínculos con entidades estadounidenses y trasladando más operaciones hacia intermediarios no bancarios, lo que aumentaría la informalidad del sistema.

En general, el efecto esperado no es un corte inmediato del flujo de remesas, sino un proceso gradual de encarecimiento, mayor lentitud y menor bancarización.