En Venezuela se cumplen nueve años desde la suspensión del programa de trasplantes de donante cadáver, una medida que inicialmente fue presentada como temporal en 2017, pero que terminó convirtiéndose en una paralización prolongada del sistema nacional de procura de órganos.

Según organizaciones civiles como Prepara Familia, esta situación ha derivado en una crisis humanitaria silenciosa que afecta especialmente a pacientes renales y pediátricos, muchos de los cuales dependen de diálisis o de trasplantes para sobrevivir.

El programa de trasplantes, administrado en su momento por la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV), fue progresivamente debilitado tras su transferencia a la fundación estatal Fundavene en 2014.Desde entonces, la actividad quirúrgica cayó drásticamente hasta detenerse por completo.

Se estima que cientos de pacientes, incluidos niños y adolescentes, no han podido recibir órganos a tiempo, mientras que otros han fallecido en espera de un trasplante.

Organizaciones como Prepara Familia denuncian además el deterioro estructural del sistema de salud, señalando fallas en el suministro de agua, electricidad, insumos médicos y medicamentos inmunosupresores.También alertan sobre el cierre o debilitamiento de servicios críticos en hospitales de referencia como el Hospital J.M.de los Ríos, donde la capacidad de atención renal y hematológica ha disminuido por la falta de equipos y mantenimiento.

En paralelo, pacientes renales enfrentan condiciones precarias en unidades de diálisis en distintas regiones del país, con equipos dañados, plantas de ósmosis fuera de servicio y protestas recurrentes por falta de atención.

Médicos y gremios advierten que el costo de mantener pacientes en diálisis es significativamente mayor que realizar trasplantes, lo que agrava aún más la crisis sanitaria.

Las organizaciones civiles insisten en que la reactivación del sistema de trasplantes debe ser una prioridad nacional, junto con la recuperación integral del sistema hospitalario venezolano.