La organización no gubernamental Provea solicitó este domingo la intervención inmediata del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo para garantizar la integridad física de los privados de libertad que protagonizan una protesta en el Internado Judicial de Barinas (Injuba).

La petición surge luego de las denuncias realizadas por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que aseguró que varios reclusos resultaron heridos tras presuntos disparos dentro del penal.

Según el OVP, los internos tomaron áreas de la cárcel como medida de protesta por supuestos malos tratos, restricciones en las visitas familiares y otras irregularidades atribuidas a las autoridades penitenciarias.

En redes sociales circularon videos e imágenes donde se observan reclusos encapuchados sobre los techos del recinto quemando colchonetas y denunciando agresiones por parte de funcionarios.

La organización también afirmó que efectivos de la Guardia Nacional ingresaron al penal utilizando bombas lacrimógenas, afectando incluso a mujeres recluidas en el anexo femenino.

De acuerdo con los testimonios difundidos, algunos presos exigieron la destitución del director del centro penitenciario, Elvis Macuare Guerrero, recientemente designado en el cargo.

Provea recordó que el Estado venezolano tiene la obligación de proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad, conforme a la Constitución y a las Reglas Mandela de Naciones Unidas.

El caso ocurre semanas después de otro motín registrado en la cárcel de Yare, en el estado Miranda, donde fallecieron cinco personas y se anunció una investigación oficial.