La oposición chilena se reunió para analizar la estrategia frente al dictamen de la Contraloría que acusó a la exministra Trinidad Steinert de exceder sus atribuciones al solicitar información reservada a la PDI.

Aunque algunos diputados consideran que el informe justifica una acusación constitucional, la coalición decidió congelar cualquier definición para coordinar una postura común con los partidos.

Se discutieron alternativas como la formación de una comisión especial investigadora, pero se priorizó evitar actuar de manera improvisada, como ocurrió con la acusación contra Nicolás Grau.

La discusión se enmarca en un contexto político complejo, ya que distintos partidos respaldan una reforma que eleve los requisitos para presentar acusaciones constitucionales.La decisión final debe tomarse antes del 19 de agosto, plazo límite para presentar la denuncia.Los diputados destacaron la necesidad de actuar con seriedad y evitar movimientos que desgasten la institucionalidad.