Diversas organizaciones ateas y laicas han mostrado su rechazo al despliegue institucional y económico previsto para la visita del papa León XIV a España, programada entre el 6 y el 12 de junio.

Aunque no se oponen a que el pontífice viaje al país, sí cuestionan que el evento reciba un tratamiento similar al de una visita de Estado y denuncian el uso de recursos públicos para seguridad, logística y actos oficiales.

La visita movilizará a miles de agentes de Policía y Guardia Civil, contará con actos multitudinarios en ciudades como Madrid, Barcelona, Tenerife y Gran Canaria, y tendrá un coste estimado de 15 millones de euros.

Organizaciones como Ateos de Cataluña, Europa Laica y la Fundación Ferrer i Guàrdia consideran que esta financiación y el despliegue institucional vulneran el principio de aconfesionalidad recogido en la Constitución española.

Los colectivos críticos sostienen que la Iglesia católica mantiene privilegios históricos en España y denuncian que las instituciones públicas continúan favoreciendo al catolicismo frente a otras confesiones o frente a la ciudadanía no creyente.

También rechazan la participación del papa en el Congreso de los Diputados, al considerar que supone una identificación simbólica entre el poder político y la Iglesia.

Según datos recientes del CIS citados en la noticia, el porcentaje de población no religiosa en España sigue creciendo, especialmente entre los jóvenes.

Expertos en sociología de la religión apuntan que, aunque la secularización avanza, el catolicismo mantiene una gran influencia cultural e institucional en el país.

Las organizaciones críticas han impulsado campañas y manifiestos para reclamar una mayor separación entre Iglesia y Estado y exigir que los costes de los actos religiosos sean asumidos exclusivamente por la Iglesia y sus fieles.