Diversas organizaciones sociales, entre ellas colectivos ecologistas, de vivienda, propalestinos y plataformas antirrepresivas, han reclamado la derogación de la conocida como Ley de Seguridad Ciudadana o “ley mordaza”.

Denuncian que esta normativa está siendo utilizada para sancionar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de reunión, expresión y protesta.

Según los colectivos afectados, las multas impuestas en el marco de esta ley no son hechos aislados, sino parte de un patrón sostenido de criminalización de la movilización social.

El reportaje recoge casos concretos de sanciones relacionadas con intentos de paralizar desahucios, concentraciones no comunicadas o acciones de protesta frente a instituciones públicas.Por ejemplo, la PAH de Vallecas acumula alrededor de 50.000 euros en multas, mientras que la Asamblea de Vivienda de Villalba suma otros 16.000 euros.

Las sanciones incluyen desde desobediencia hasta concentraciones no autorizadas, muchas de ellas derivadas de intervenciones policiales durante acciones de protesta por la vivienda.

Las organizaciones denuncian además la presunción de veracidad de los atestados policiales, lo que, según afirman, dificulta la defensa jurídica de los sancionados.

También alertan del denominado “efecto desaliento”, ya que las multas generan miedo, desgaste económico y autocensura en activistas y colectivos sociales.Según datos del Ministerio del Interior, desde 2015 se han recaudado más de 1.292 millones de euros bajo esta ley.

Los colectivos consideran que la norma contribuye a la represión de la protesta y reclaman su derogación inmediata, argumentando que vulnera estándares internacionales de derechos humanos y debilita el ejercicio democrático de la participación ciudadana.