La Corte de Constitucionalidad de Guatemala suspendió provisionalmente el Acuerdo Ministerial 145-2026 que establecía el procedimiento para consultar al pueblo maya ixil sobre el proyecto hidroeléctrico Palo Viejo.

Esta decisión reaviva el debate sobre la falta de reglamentación adecuada para procesos de consulta, afectando la certeza jurídica para proyectos de infraestructura.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) reafirmó su compromiso con el Estado de Derecho, mientras organizaciones empresariales y académicos destacan la necesidad de un marco legal claro para equilibrar los derechos indígenas y la inversión privada.

El caso podría definir el futuro de la relación entre el Estado, la inversión y los derechos de las comunidades ancestrales, especialmente al considerar que el proyecto opera legalmente desde 2012.La resolución definitiva de la Corte será clave para resolver el conflicto y establecer precedentes en futuras consultas.