La Procuradora General de la República, María Consuelo Musa, anunció que el Ministerio de Ambiente (MARN) no tiene competencia para clasificar como información sensible la construcción de la cárcel máxima seguridad El Triunfo en Izabal.

La PDH sostiene que esta decisión es prematura y carece de justificación legal, ya que los estudios ambientales no tienen relación con la defensa nacional.

La institución advierte que la aplicación desproporcionada de la Ley de Acceso a la Información Pública viola el derecho a la transparencia, un principio constitucional fundamental en Guatemala.

El MARN justificó su decisión al argumentar que la información podría afectar la seguridad del Estado, pero la PDH considera que las autoridades competentes son el Ministerio de Defensa o el Consejo de Seguridad Nacional.

La discusión resalta el conflicto entre la protección ambiental y los intereses de seguridad nacional, destacando la necesidad de un marco legal claro para evitar abusos en la clasificación de información pública.