El gobierno peruano rechazó públicamente una decisión emitida por un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que recomendó liberar al exmandatario Pedro Castillo, quien fue detenido en 2022 tras ser acusado de conspiración para cometer un delito.

El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que el organismo no tiene jurisdicción sobre asuntos internos del país y que la autoridad competente es el Poder Judicial peruano.

La medida generó controversia internacional, ya que varios países y organismos multilaterales han expresado su preocupación por la situación de Castillo, quien fue acusado de participar en un plan para atentar contra la vida del presidente Pedro Castillo (no se debe confundir con el exmandatario).

La decisión peruana refleja una postura firme sobre soberanía nacional y el derecho a decidir sobre procesos penales internos, lo que ha sido criticado por algunos observadores como un obstáculo para la justicia transicional.

El caso sigue siendo un tema delicado en la política peruana, con debates sobre derechos humanos, libertad de expresión y el rol de las instituciones internacionales.