La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral retomó el análisis del proyecto de Ley Orgánica Reformadora contra el crimen organizado, conocida como Ley Antimafias.

La Policía Nacional presentó 45 reformas a distintos cuerpos legales, incluyendo la ampliación del plazo de flagrancia de 24 a 36 horas para investigaciones complejas.También propuso actualizar el delito de terrorismo para incluir el uso de explosivos por organizaciones criminales.

La institución alertó sobre el impacto económico del crimen organizado, equivalente a miles de millones de dólares anuales, y pidió respaldo jurídico para agentes bajo la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza.

La Procuraduría y el sector bananero también presentaron observaciones para reforzar el proyecto, enfocándose en la extinción de dominio y la corresponsabilidad en la cadena logística.El objetivo es fortalecer las herramientas legales contra el crimen organizado y proteger sectores económicos afectados por la violencia.