La Comunitat Valenciana ha implementado la medida de 'prioridad nacional', un concepto impulsado por Vox y respaldado por el PP, que exige cinco años de empadronamiento para ayudas de alquiler y diez años para vivienda social.Esta política genera preocupación entre las Asociaciones Militares, que alertan sobre su impacto negativo en las Fuerzas Armadas.

Los militares, obligados a movilizarse frecuentemente por su profesión, enfrentan dificultades para cumplir con estos requisitos, lo que los deja en desventaja frente a otros ciudadanos.

Miguel Peñarroya, presidente de ASFASPRO, critica esta prioridad, señalando que quienes dedican su vida a defender la nación son dejados en último lugar.

Además, los hispanoamericanos dentro del ejército consideran que se les niegan derechos equivalentes a otros ciudadanos, lo que generaría una traición a sus compromisos.

La medida, integrada en la ley de presupuestos, ha sido aprobada en Les Corts bajo la presidencia de Juanfran Pérez Llorca, aunque su aplicación plantea desafíos significativos para el sector militar.