Portugal ha aprobado una ley que prohíbe ocultar el rostro en espacios públicos, una medida concebida para impedir el uso del burka y el niqab, aunque el texto legal evita mencionar explícitamente estas prendas.

La norma aún no está vigente, ya que debe pasar por el despacho del presidente de la República, António José Seguro, quien puede promulgarla, vetarla o solicitar una revisión constitucional.

La votación definitiva se celebró el 17 de julio de 2026, con el apoyo del PSD, Chega, Iniciativa Liberal y CDS, mientras que la izquierda parlamentaria votó en contra.

La iniciativa, liderada por Chega, busca evitar acusaciones de discriminación religiosa al presentar la prohibición como una norma de seguridad y orden público.La ley prevé multas de 150 a 750 euros por negligencia y hasta 3.000 euros por conducta intencionada, aunque se eliminó la posibilidad de prisión por coacción.El texto excluye coberturas sanitarias, profesionales o climáticas, pero no afecta al hiyab, que deja la cara visible.

La medida ha generado debate sobre la libertad religiosa, la identidad cultural y la seguridad pública, alineándose con leyes similares en Francia, Bélgica y Suiza, aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha cuestionado su aplicación general.La decisión refleja una tensión entre la regulación estatal y la autonomía individual, especialmente en contextos de migración y diversidad cultural.