La comisión de investigación de la dana en Les Corts Valencianes ha aprobado un dictamen conjunto presentado por el Partido Popular y Vox que exime a la Generalitat Valenciana de la mayor parte de la responsabilidad en la riada del 29 de octubre.

Según el dictamen, la principal causa de la catástrofe fue la falta de ejecución de infraestructuras hidráulicas y la deficiente información durante la emergencia, situando la responsabilidad principalmente en la Administración General del Estado, incluyendo la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Agencia Estatal de Meteorología y varios ministerios.

La izquierda ha criticado duramente este informe, señalando que contradice las conclusiones judiciales que atribuyen responsabilidad a la Conselleria de Emergencias de la Generalitat por no haber avisado correctamente a la población, lo que provocó 230 fallecimientos.

Representantes de PSPV y Compromís califican el dictamen como 'fantasía absoluta' y una 'tomadura de pelo', denunciando que incluso culpa a la ciudadanía y omite fallos en la gestión autonómica, como el retraso en enviar alertas de emergencia.

El documento argumenta que, debido a la jerarquía del sistema de emergencias español, el Estado tenía la competencia última de dirección en casos excepcionales.

Además, resalta que la acumulación de deficiencias organizativas, preventivas y operativas agravó la vulnerabilidad ante la emergencia, destacando la falta de inversión sostenida y voluntad política para ejecutar infraestructuras hidráulicas durante décadas.