La noticia revela un patrón sistemático de presiones, remociones e imputaciones en instituciones clave del Perú, como la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía y el Poder Judicial, en las semanas previas al cambio de gobierno.

Estas acciones, incluyendo la suspensión de fiscales, destituciones de jueces y la aprobación de leyes que favorecen a ciertos grupos, sugieren una coordinación para garantizar el control político antes de que Keiko Fujimori asuma el cargo.

La crítica destaca cómo estas medidas afectan la independencia del sistema judicial y la posibilidad de procesamientos legales contra figuras políticas.El artículo advierte que atribuir estos eventos a la casualidad subestima la intención detrás de estas acciones.