En Colombia, la Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional de Carlos Carrillo, actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), tras considerar que habría incurrido en presunta participación indebida en política.

La decisión se produce en medio de un ambiente electoral tenso, con miras a la segunda vuelta presidencial, y se suma a otras medidas disciplinarias recientes contra funcionarios públicos.

La medida se originó a partir de declaraciones entregadas por Carrillo durante una rueda de prensa en la Sala de Crisis de la UNGRD, en las que expresó respaldo al presidente Gustavo Petro y realizó críticas al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

En sus intervenciones, destacó su percepción positiva del mandatario y lo describió como un líder con compromiso social, al tiempo que advirtió sobre lo que calificó como proyectos políticos de corte extremista.

Estas manifestaciones fueron interpretadas por el ente de control como una posible intervención en política, conducta prohibida para servidores públicos.El caso de Carrillo no es aislado.

En los últimos días, la Procuraduría también suspendió temporalmente al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, por hechos similares relacionados con supuesta participación política.

Además, se han adoptado decisiones contra la embajadora en Haití, Vilma Velásquez, y una alcaldesa del municipio de El Paujil, Caquetá, tras ser señaladas por presunta promoción de campañas o candidatos.

Estas actuaciones disciplinarias han intensificado el debate sobre los límites de la participación política de funcionarios del Gobierno y la oposición, especialmente en un contexto electoral polarizado y con constantes señalamientos cruzados entre actores institucionales.