Diversos profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) han denunciado que la interrupción voluntaria del embarazo continúa prácticamente fuera de la sanidad pública regional debido a bloqueos internos en hospitales y jefaturas de servicio.

Según los testimonios recogidos, sí existen ginecólogos y personal sanitario dispuestos a practicar abortos en hospitales públicos, pero aseguran que las direcciones y responsables de algunos servicios impiden siquiera debatir la creación de unidades específicas para ello.

Uno de los médicos que ha hecho pública esta situación es José Andrés Guijarro, ginecólogo del Hospital Universitario de Cuenca, quien afirma que el problema no es la falta de profesionales, sino la ausencia de voluntad organizativa y política.

Otros sanitarios, que prefieren mantenerse en el anonimato por miedo a represalias, describen el aborto como un tema tabú dentro de determinados hospitales públicos de la región.

Además, algunos profesionales critican el modelo actual basado casi exclusivamente en derivaciones a clínicas privadas y concertadas, tanto dentro como fuera de Castilla-La Mancha.

Consideran que esta situación genera dificultades adicionales para las pacientes, especialmente en casos de malformaciones fetales o embarazos de riesgo, obligando a muchas mujeres a desplazarse fuera de su provincia o incluso de la comunidad autónoma.

Los últimos datos del Ministerio de Sanidad indican que el 99,95% de las interrupciones voluntarias del embarazo de mujeres castellanomanchegas se realizaron en centros privados o concertados durante 2024, una cifra muy superior a la media nacional.

Colectivos feministas y sanitarios reclaman a la Junta medidas efectivas para garantizar este derecho dentro de la red pública y recuerdan que la objeción de conciencia debe ser individual y no colectiva.La Consejería de Sanidad, por su parte, evita facilitar el número exacto de profesionales objetores alegando confidencialidad.