El Partido Justicialista (Peronismo) en Argentina busca introducir cambios significativos a la Ley de Inocencia Fiscal, un régimen que permite beneficios fiscales a personas que declaran activos no registrados.

La iniciativa busca evitar que actuales y exfuncionarios del Estado, así como sus familiares directos, se beneficien de este sistema, ya que se ha criticado por ser utilizado para ocultar patrimonio en casos de corrupción.

El senador Fernando Salino presentó dos proyectos de ley que limitan el alcance del régimen fiscal, excluyendo a políticos y sus familias de beneficios como el blanqueo de activos.

Por su parte, el diputado Eduardo Valdés propone reforzar estándares de transparencia para garantizar que quienes ejercen cargos públicos no se beneficien de mecanismos excepcionales.

El gobierno defiende estos cambios como un paso hacia la justicia fiscal, asegurando que el régimen dejará de funcionar como un blanqueo permanente al fijar un plazo para exteriorizar fondos.

La reforma busca integrar a la economía formal aproximadamente 170 mil millones de dólares no registrados, reduciendo el temor a fiscalizaciones por errores formales.

Esta discusión se espera que abra un fuerte debate en ambas cámaras legislativas, con implicaciones para la ética pública y la prevención de lavado de activos.