El Proyecto de Ley de Identidad Personal y Domicilio, publicado para consulta ciudadana, genera preocupación entre cubanos emigrados debido a su ambigüedad sobre el tratamiento de sus domicilios registrados en Cuba.

La norma redefine el concepto de domicilio como el lugar donde la persona reside habitualmente o tiene intención de establecerse, pero no establece cómo se aplicará a quienes viven en el exterior.

Los emigrados temen consecuencias legales y administrativas, especialmente al no haber claridad sobre si podrán conservar su dirección en la isla o deberán registrar una en el extranjero.

Además, el artículo 13 permite la cancelación de la inscripción domiciliaria de personas autorizadas a vivir en una propiedad ajena, lo que podría afectar a quienes residen fuera de Cuba.

El proyecto no establece un régimen específico para los emigrados, dejando abiertas cuestiones fundamentales que podrían resolverse en el reglamento posterior.

La norma coincide con la entrada en vigor de la Ley 171 de Migración, lo que amplía las facultades del Estado sobre la movilidad de las personas, generando más incertidumbre en la comunidad cubana en el extranjero.