El Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia que declara inconstitucionales los artículos 283-A y 315-B del Código Penal, que criminalizaban la protesta en el contexto del Decreto Legislativo 1589.

Esta medida fue adoptada tras la muerte de decenas de ciudadanos durante las protestas en Puno en diciembre de 2022 y enero de 2023, cuando el gobierno de Dina Boluarte intentó sancionar a quienes participaran en movilizaciones.La sentencia reconoce el derecho a la protesta como un pilar fundamental de la democracia, garantizando que el Estado debe protegerlo y respetarlo.

La decisión fue tomada en un contexto donde el nuevo gobierno propone militarizar la seguridad ciudadana, lo que genera preocupación sobre la independencia del poder judicial.

La victoria de Puno representa un avance para la justicia y la rendición de cuentas, especialmente tras las acciones del gobierno anterior que criminalizó las protestas.Esta sentencia refuerza la importancia de la libertad de expresión y la participación ciudadana en el sistema democrático peruano.