La causa judicial abierta contra Miguel Ángel Rodríguez (conocido como MAR) ha sido archivada provisionalmente por decisión de una magistrada, que ha determinado el sobreseimiento del procedimiento relacionado con la difusión de datos personales de periodistas.

El caso se originó a raíz de una denuncia por el envío, el 19 de marzo de 2024, de un mensaje en un chat de periodistas en el que se compartía una fotografía de dos informadores de El País, junto con sus nombres y apellidos.

En dicho mensaje se les acusaba de haber acosado a vecinos de la presidenta, incluyendo a menores de edad, calificando esa supuesta conducta como propia de “dictaduras”.

La decisión judicial se habría adoptado sin tomar declaración previa a los agentes de la Policía Nacional que participaron en la identificación de los reporteros, según han señalado algunos medios.

Este detalle ha generado debate en el ámbito mediático y político, ya que parte de la controversia gira en torno a la solidez de la investigación y los pasos seguidos durante la instrucción del caso.

Tras conocerse el archivo, las redes sociales reaccionaron rápidamente con numerosos mensajes cargados de ironía y comentarios críticos, especialmente cuestionando la frecuencia con la que MAR anticipa supuestas decisiones judiciales o afirma tener información privilegiada sobre procedimientos en curso.El término “chorprecha”, utilizado de forma sarcástica, se viralizó como símbolo de estas reacciones.

La noticia ha reabierto el debate sobre la difusión de datos personales, el papel de los actores políticos en redes sociales y la percepción pública de los procesos judiciales en España.