El malestar entre los profesionales sanitarios gallegos ha aumentado tras conocerse la consolidación de un indicador del Servizo Galego de Saúde (Sergas) que vincula parte del complemento de productividad de los médicos a la duración de las bajas laborales de sus pacientes.

El Consello Galego de Colexios Médicos, que representa a los colegios provinciales, ha solicitado a la Xunta de Galicia la retirada de este criterio, incluido en los acuerdos de gestión de las áreas sanitarias para 2026.

Este sistema de incentivos ya llevaba dos años en funcionamiento, pero ahora ha generado un rechazo más visible y generalizado entre los profesionales.

La medida busca reducir la duración media de las incapacidades temporales en Galicia, una comunidad que presenta una de las duraciones más altas del país, solo superada por Extremadura.

Sin embargo, los médicos matizan que Galicia también registra una de las menores incidencias de bajas laborales y uno de los números más bajos de procesos, según datos de la AIReF.

El Consello no rechaza el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema ni de evitar bajas injustificadas, pero advierte de que el método utilizado puede generar problemas éticos, clínicos y organizativos.

Entre las principales críticas se encuentra la presión añadida sobre los facultativos, que podrían verse incentivados económicamente a acortar procesos de incapacidad sin tener en cuenta la situación clínica individual de cada paciente.

También alertan de un posible deterioro en la relación médico-paciente, al introducirse un conflicto de interés entre la atención sanitaria y los objetivos administrativos.

Además, advierten de desigualdades entre médicos, ya que aquellos que atienden a poblaciones más envejecidas o con mayor carga de enfermedad podrían verse penalizados.

La controversia se enmarca en un debate más amplio sobre la gestión de las bajas laborales y la responsabilidad compartida entre sistema sanitario, empresas y sociedad.

Mientras tanto, distintos colectivos médicos, asociaciones de pacientes y partidos políticos han mostrado también su preocupación por este modelo de incentivos.