El Gobierno federal anunció una propuesta de reforma constitucional para mover la elección judicial, originalmente prevista para 2027, al 4 de junio de 2028.

La iniciativa, presentada por la consejera Jurídica Luisa María Alcalde a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca facilitar la jornada electoral ante la magnitud de las elecciones intermedias del año próximo, que incluyen renovación de gubernaturas, la Cámara de Diputados, congresos locales y gobiernos municipales.

La reforma plantea simplificar la boleta, permitiendo votar por un juez y un magistrado por especialidad, así como reducir el número de candidatos: las postulaciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasarían de 81 a 54, al Tribunal de Disciplina Judicial de 45 a 30 y al Tribunal Electoral de 63 a 42.

Asimismo, se propone la creación de una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para homologar criterios de evaluación y verificar requisitos formales, incluyendo exámenes de conocimiento.

La medida busca que las elecciones judiciales coincidan con eventuales revocaciones de mandato y que se realicen en la misma ubicación que otras elecciones, sin participación de partidos políticos.

Esta reforma se plantea tras la primera elección judicial en México en 2025, que tuvo una participación de apenas 13%, criticada por la dificultad para identificar a los candidatos en la boleta.