La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala ha propuesto modificaciones al Código Procesal Penal para restringir el uso de la prisión preventiva y promover medidas alternativas.

Las reformas buscan evitar que se aplica esta medida en casos donde el imputado no represente un riesgo real de fuga o peligro para la sociedad, como cuando se trata de personas mayores de 65 años, con discapacidad, embarazadas de alto riesgo, o que cuiden a menores o personas vulnerables.

Además, se establecen excepciones para delitos graves como asesinato, homicidio doloso, violación agravada y robo agravado, donde la prisión preventiva podría seguir siendo aplicable.

El dictamen incluye también la creación de una unidad de control de medidas de coerción para apoyar a los órganos jurisdiccionales en la toma de decisiones.

Los diputados han logrado consensos para modificar el artículo 262 del Código, enfocándose en aspectos como el comportamiento del imputado durante el proceso y su historial previo.

La propuesta busca equilibrar los derechos de las personas acusadas con la necesidad de garantizar la seguridad pública, mientras se evita la sobrepena innecesaria.Esta reforma refleja un esfuerzo por modernizar el sistema judicial guatemalteco y hacerlo más justo y humano.