El aumento de episodios de calor extremo en España ha impulsado nuevas medidas de protección laboral para las personas trabajadoras expuestas al aire libre.

La normativa actual establece que no siempre está prohibido trabajar durante una ola de calor, pero sí puede suspenderse o limitarse la actividad en función del nivel de riesgo y las condiciones meteorológicas.

Según el sistema de alertas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los niveles naranja y rojo implican un riesgo significativo o extremo, lo que obliga a las empresas a adoptar medidas como la reducción de jornada, la reorganización de horarios o incluso la interrupción de los trabajos cuando exista peligro para la salud.

El marco legal se ha reforzado con la modificación del Real Decreto 486/1997 a través del Real Decreto-ley 4/2023, que obliga a las empresas a evaluar el riesgo térmico y establecer protocolos específicos frente a fenómenos meteorológicos adversos.

Además, el Real Decreto-ley 8/2024 introduce permisos retribuidos en casos de imposibilidad de acudir al trabajo por situaciones extremas, incluyendo olas de calor.Sectores como la agricultura, la construcción, la limpieza o la hostelería son especialmente vulnerables, ya que implican exposición directa al sol.

En estos casos, se recomiendan medidas preventivas como pausas frecuentes, hidratación constante, adaptación de horarios y protección frente a la radiación solar.Si la actividad no puede suspenderse, la empresa debe garantizar condiciones seguras mediante ajustes organizativos.

El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en sanciones graves según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, con multas que pueden superar los 900.000 euros en los casos más severos.

En definitiva, la normativa prioriza la seguridad y salud de las personas trabajadoras frente al riesgo térmico, obligando a las empresas a adaptar o detener la actividad cuando el calor extremo supone un peligro real.