El debate presidencial 2026 en Perú, protagonizado por Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, se ha centrado no solo en propuestas electorales, sino también en la situación fiscal del país.

Entre agosto de 2021 y 2025, el Congreso peruano promulgó 229 leyes con impacto fiscal adverso, triplicando el promedio histórico, con un costo proyectado superior a S/35.000 millones anuales.

La mayoría de estas leyes incrementa el gasto público, ya sea mediante aumentos de pensiones, homologaciones salariales o creación de nuevas entidades públicas, mientras que una minoría reduce ingresos fiscales a través de exoneraciones.Adicionalmente, el 44% de estas leyes fue aprobado por insistencia, evadiendo el control técnico del Ejecutivo.

Este desorden legislativo ha contribuido al incumplimiento de las reglas macrofiscales, como el límite de gasto no financiero y gasto corriente, generando desviaciones millonarias.De continuar esta tendencia, la deuda del país podría alcanzar entre 59% y 75% del PBI hacia 2036, muy por encima del límite legal del 30%.

El FMI y el Consejo Fiscal del Perú advierten que sin reformas institucionales para garantizar la rigurosidad técnica del proceso legislativo, las metas de déficit y deuda son inviables.

La discusión en el debate presidencial resalta la necesidad de políticas responsables y sostenibles para asegurar la estabilidad económica y social del país.