Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, condicionó su participación en el diálogo político convocado por Keiko Fujimori a la liberación de Pedro Castillo, la derogación de las leyes denominadas 'procrimen' y la investigación de muertes durante protestas en el sur.Sánchez expresó desconfianza hacia la mandataria electa, acusando a su gobierno de autoritarismo respaldado por el Congreso.

Además, cuestionó la legalidad de la proclamación de Fujimori, argumentando que el proceso electoral no concluyó y que la población espera ahora un nuevo gobierno.Su postura refleja tensiones políticas en el contexto de las elecciones 2026, donde las demandas de justicia y reformas legales son centrales.La situación resalta la polarización en el Perú y la importancia de los diálogos para resolver conflictos post-electoral.