La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene plenas facultades para sancionar a escuelas privadas que cometan abusos contra estudiantes y familias.Este fallo establece que el pago de colegiaturas constituye una relación de consumo, lo que hace obligatorias las leyes de protección al consumidor.

Las instituciones educativas ahora podrán ser castigadas por cobros no informados, publicidad engañosa, incumplimiento de contratos y condicionamiento de certificados al pago de cuotas adicionales.La decisión resuelve un litigio de más de una década y reafirma las atribuciones de Profeco desde 1992.Además, se destacó un convenio con la Secretaría de Educación Pública para fortalecer la supervisión de irregularidades en escuelas privadas.

Este pronunciamiento refuerza la protección de los derechos de las familias y amplía la capacidad de acción de la Profeco frente a prácticas dañinas para los consumidores.