La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero no tiene competencia para fiscalizar recursos federales ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco.

Esta decisión anula una auditoría relacionada con 900 millones de pesos del ejercicio fiscal 2023, al considerar que dichos recursos provienen del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), reservado constitucionalmente para la Auditoría Superior de la Federación (ASF).La resolución surge de una controversia promovida por Acapulco, donde se estableció que las entidades locales no pueden revisar fondos federales.Aunque la auditoría estatal fue invalidada, la ASF podrá continuar investigando posibles irregularidades en el manejo de esos recursos.Abelina López, presidenta municipal durante el periodo auditado, actualmente solicita licencia para participar en un proceso interno de Morena.

La SCJN destacó que el fallo no exime de responsabilidades administrativas o penales, reafirmando la importancia de combatir la corrupción y la impunidad.Este caso resalta la necesidad de clarificar competencias entre instituciones federales y estatales en materia de fiscalización pública.