El Senado chileno aprobó en general y despachó a su tercer trámite legislativo un proyecto de ley que busca restringir el acceso a armas de fuego a personas que hayan sido condenadas o que se encuentren procesadas por delitos asociados a violencia intrafamiliar.

La iniciativa, que fue ingresada hace tres años por parlamentarios del Frente Amplio, avanza ahora a sus etapas finales y está cada vez más cerca de convertirse en ley.

La discusión en la Cámara Alta contó con un respaldo amplio y transversal, aunque estuvo marcada por fuertes diferencias ideológicas respecto a la efectividad de la medida como herramienta para reducir la delincuencia.

Mientras algunos senadores defendieron la restricción como una forma de disminuir el riesgo de agresiones letales dentro del hogar, otros plantearon dudas sobre su impacto real en el contexto de la violencia en el país.

En el debate, la senadora libertaria Vanessa Kaiser expresó escepticismo respecto a la iniciativa, argumentando que una parte importante de los delitos se cometen con armas blancas, sugiriendo que el enfoque podría estar mal dirigido.

Sus declaraciones generaron una inmediata respuesta del senador Fidel Espinoza (PS), quien criticó duramente la comparación y advirtió sobre la necesidad de no relativizar la violencia intrafamiliar ni el uso de armas en estos contextos.

El objetivo central del proyecto es reducir el riesgo de violencia grave en el ámbito doméstico, evitando que personas formalizadas o condenadas puedan mantener armas de fuego en su poder.Con su avance legislativo, la propuesta se acerca a su aprobación final en el Congreso.

El debate ha reabierto la discusión sobre el control de armas en Chile y el rol del Estado en la prevención de la violencia intrafamiliar, un problema social que continúa generando preocupación en distintas bancadas políticas.