La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), a través de su secretario general Juan Pablo Matte, planteó la necesidad de implementar un modelo de “fiscalización asistida” en los controles que el Gobierno está impulsando para verificar la contratación de migrantes en situación irregular, especialmente en el sector agrícola.

Según explicó, la propuesta busca acompañar a las pequeñas y medianas empresas del rubro —que representan entre el 98% y 99% del total de empleadores agrícolas— en el cumplimiento de la normativa laboral vigente.

La idea central es que, durante las inspecciones, los fiscalizadores no solo detecten eventuales incumplimientos, sino que también orienten a los empleadores sobre las normas que deben cumplir, considerando que muchos pequeños agricultores podrían enfrentar problemas de desconocimiento.Desde la SNA advierten que este factor podría exponer a los empleadores a sanciones graves sin una adecuada comprensión del marco legal.

Matte recalcó que la contratación de personas en situación irregular no está permitida bajo ninguna circunstancia, pero enfatizó que una primera etapa de fiscalización con enfoque educativo podría ayudar a corregir prácticas y mejorar el cumplimiento general.En caso de no regularizar la situación, se mantendrían las sanciones correspondientes.

Además, el dirigente destacó experiencias previas de coordinación con el Servicio de Migraciones, como la agilización de la llamada Visa Mercosur, que permitió reducir los tiempos de tramitación de varios meses a cerca de 15 días.

Según la SNA, estas medidas facilitaron la contratación formal de trabajadores extranjeros en el campo, reduciendo la informalidad y mejorando la disponibilidad de mano de obra agrícola.

La propuesta surge en un contexto de mayor endurecimiento de los controles a empresas que emplean migrantes irregulares, lo que ha abierto el debate sobre cómo equilibrar fiscalización efectiva con apoyo a los pequeños productores.