La Superintendencia de Competencia de Guatemala se encuentra en una etapa crítica de su institucionalización, con el objetivo de comenzar a ejercer sus funciones de investigación, control y sanción en diciembre de 2026.

Durante los próximos meses, la autoridad deberá consolidar su estructura administrativa, emitir normativas internas, fortalecer unidades técnicas y garantizar mecanismos de transparencia.

La entrada en vigor de las facultades sustantivas de la ley marcará un cambio significativo en el régimen de competencia del país, permitiendo a la Superintendencia intervenir directamente en casos de prácticas anticompetitivas.

El titular actual de la institución ha anunciado su intención de continuar en el cargo para liderar los primeros procedimientos bajo el nuevo marco legal.

Sin embargo, se destacan aún tareas pendientes como la elaboración de un informe sobre la normativa vigente y las reformas legales necesarias para alinearla con el nuevo régimen.

La implementación efectiva de esta segunda fase dependerá del desempeño institucional de la Superintendencia, que debe demostrar capacidad técnica y operativa para actuar como autoridad reguladora en el mercado guatemalteco.