La Unidad Nacional de Protección (UNP) fue obligada a suspender su proceso de contratación de escoltas tras seis acciones de tutela que cuestionaron la legalidad del procedimiento.

El juzgado Quinto Penal de Pereira ordenó detener la licitación multimillonaria, señalando que la decisión administrativa de limitar la contratación solo a Zonas 1 y 2 era arbitraria y generaba riesgo laboral para los empleados.

El presidente electo Abelardo De La Espriella había solicitado previamente la intervención de la Procuraduría por sospechas de que la adjudicación se realizara cerca del cambio de gobierno.

La suspensión pone en pausa un contrato estratégico para la seguridad nacional, mientras se resuelven denuncias sobre vulneración de derechos laborales.

El caso refleja tensiones entre la administración saliente y la transición gubernamental, con impacto en miles de empleos y la estabilidad laboral de los trabajadores afectados.