La noticia analiza la suspensión del movimiento político Amigo en Ecuador, cuestionando el uso de informes reservados por parte del gobierno de Daniel Noboa para perseguir a opositores.

Se destaca la instrumentalización del secreto para justificar acciones como la expulsión de Alondra Santiago, la exclusión de Jan Topić de elecciones y la detención de Aquiles Álvarez.

El artículo critica cómo el oficialismo utiliza medidas extremas, como congelar cuentas de activistas, judicializar a rivales y sacar del camino a potenciales contrincantes.

Se plantea la necesidad de establecer límites al poder y la institucionalidad, al tiempo que se cuestiona si el sistema permitirá la convivencia democrática o seguirá priorizando la persecución política.La columna concluye con un llamado a reflexionar sobre los límites de la autoridad y la justicia en el país.