La presentación de una acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, impulsada por diputados del Partido Republicano junto al Partido Nacional Libertario, ha generado una fuerte tensión política dentro del sector de derecha en Chile.

La iniciativa, que se basa en supuestas “inconsistencias” en informes financieros del Gobierno, no ha sido respaldada por Chile Vamos, lo que ha abierto una disputa pública entre las distintas fuerzas opositoras.

El conflicto se intensificó cuando el diputado republicano Agustín Romero emplazó a sus pares de la UDI y Renovación Nacional a asumir las consecuencias electorales de no apoyar la acusación.

Sus declaraciones fueron interpretadas como una presión indebida por parte de la UDI, que reaccionó con molestia y calificó el tono del parlamentario como “prepotente”, afirmando que no aceptan amenazas ni condicionamientos políticos.

Desde Chile Vamos, varios senadores y diputados señalaron que la acusación debe evaluarse con base en su mérito jurídico y no por motivaciones políticas o electorales, advirtiendo además que una acción de este tipo podría entorpecer negociaciones legislativas en curso con el Gobierno, particularmente en proyectos relevantes como la ley de Reconstrucción.

La controversia también ha revelado diferencias estratégicas dentro de la oposición, entre quienes buscan una postura más confrontacional frente al Ejecutivo y quienes prefieren cautela institucional.Mientras tanto, los republicanos insisten en mantener la ofensiva y aseguran que la decisión fue coordinada dentro de su bancada.El episodio profundiza las fracturas en la derecha chilena en un contexto de alta sensibilidad política y negociaciones legislativas abiertas.