El Gobierno ha intensificado sus críticas contra el juez Peinado, al que acusa de actuar con motivaciones políticas en el marco de diversas investigaciones judiciales que afectan al entorno del presidente Pedro Sánchez.

Según las declaraciones recogidas, desde el Ejecutivo se sostiene que la actuación del magistrado no responde únicamente a criterios jurídicos, sino que tendría como objetivo generar desgaste político al presidente del Gobierno.

Estas acusaciones elevan el nivel de confrontación institucional entre el poder ejecutivo y el judicial en un contexto ya marcado por la tensión política.

El caso del juez Peinado se ha convertido en uno de los focos de debate público, especialmente por su implicación en procedimientos que afectan a personas vinculadas al entorno del presidente.

Desde el Gobierno se interpreta que algunas de sus decisiones podrían estar contribuyendo a una estrategia de presión política, mientras que otros sectores defienden la independencia judicial y la necesidad de respetar el desarrollo de las investigaciones sin interferencias.

La polémica se enmarca en un clima político especialmente polarizado, donde las relaciones entre instituciones del Estado atraviesan momentos de fuerte fricción.La oposición, por su parte, ha criticado la reacción del Ejecutivo, considerándola un intento de deslegitimar la labor de los jueces.El caso continúa abierto y se espera que en los próximos días se mantenga el intercambio de declaraciones entre las distintas partes implicadas.