Un grupo de cinco diputados radicales vinculados al bloque Provincias Unidas envió cartas al presidente del Comité Nacional de la UCR y a Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, solicitando que se retire el uso del sello de la Unión Cívica Radical al bloque conducido por Pamela Verasay.

La iniciativa, que también incluyó una campaña de recolección de firmas digitales impulsada por la militancia, refleja las crecientes tensiones internas dentro del radicalismo por diferencias en el accionar legislativo.

Según los legisladores firmantes —entre ellos Martín Lousteau, Pablo Juliano, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán— el comportamiento del bloque cuestionado es incompatible con los principios históricos del partido y su carta orgánica.

En particular, criticaron decisiones recientes en el Congreso, como la falta de quórum en una sesión clave y votaciones sobre el Presupuesto 2026 vinculadas a la derogación de leyes sensibles como la de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.

Los diputados sostienen que estas posturas llevaron a que parte de la opinión pública asocie a la UCR con prácticas contrarias a sus valores históricos.

Además, solicitaron revisar el uso institucional del nombre del partido dentro de la Cámara Baja, argumentando que no todos los afiliados se sienten representados por ese bloque.

Desde la Presidencia de Diputados respondieron que no tienen potestad para intervenir en la denominación de los bloques, sugiriendo que la cuestión debe resolverse internamente dentro del partido.

El conflicto expone una fractura política en el radicalismo en un contexto de negociaciones legislativas más amplias con el oficialismo por reformas electorales.